"A menos de un mes después que Nicolás Maduro ha vuelto a referirse al tema del calendario electoral de tal forma que ha sembrado dudas tanto en el tema, en su transparencia y en la equidad del sistema comicial".
Dicho líder dejó muy claro la posibilidad de que las próximas elecciones presidenciales pautadas para 2024, se produzcan antes, y estas serían en el año 2023.
Maduro manifiesta que se encuentran preparados para que cuando haya elecciones ir a una gran victoria popular revolucionaria y dicha declaración la realizó en el acto que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) celebró en La Guaira.
Al pronunciarse el líder del oficialismo de forma tan tajante, representa una nueva violación de los artículos 136 y 292 de la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999, en dónde establecen dichos artículos el principio de separación entre las distintas ramas del Poder Público e indican que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el organismo que tiene la potestad de «la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos», respectivamente.
Asimismo, también se ve afectado el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), ya que el artículo de dicha ley indica que el CNE es quien tiene la facultad de convocar y fijar la fecha de los eventos para escoger a los distintos representantes para los cargos de elección popular, pequeño detalle que Maduro no está tomando en cuenta.
Cabe destacar que para el año 2009, el oficialismo se encargó de modificar la legislación electoral y se tomó la tarea de suprimir todo lo correspondiente a lo que la disposición establecía, de manera casi pétrea, el momento en el que debían celebrarse los distintos comicios. La derogada Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política señalaba en su artículo 152 que las elecciones debían fijarse un día domingo de la primera quincena del mes de diciembre del año anterior a la finalización del período correspondiente.
Con dicha modificación se abren puertas para que en las próximas votaciones se produzcan en momentos muy distintos al tradicional que son en el mes de diciembre. Así fue lo que sucedió con las legislativas de 2010, que tuvieron lugar el 27 de septiembre; mientras que las presidenciales de 2012 y 2018 que ocurrieron el 7 de octubre y el 20 de mayo, y más recientemente, las regionales del 21 de noviembre de 2021. El hecho de que ninguno de estos procesos que antes fueron mencionados dieron pie a que tanto el período de transición entre un mandato constitucional y otro pudiera ser de más de un año. No obstante, las palabras de Maduro abren siempre las posibilidades de que esto ocurra, lo cual iría y casi siempre va en contra de toda la lógica administrativa.
Asimismo, es importante aclarar que un eventual adelanto de los comicios presidenciales establecidos para el año 2024 o incluso 2023 como lo dio a conocer en un evento reciente, no supone una reducción del sexenio del jefe del Estado previsto en el artículo 230 de la Carta Magna. Esto lo ha dejado en claro en reiteradas ocasiones la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que en varios fallos ha reiterado una y otra vez que el período presidencial es de seis años y que concluye e inicia el 10 de enero, tal y como manda el artículo 231 del texto fundamental. Por lo tanto cualquier cambio en relación con la duración o inicio del mandato del presidente de la República requerirá una enmienda constitucional, en la que de acuerdo con la propia jurisprudencia del máximo juzgado no puede aplicar para el actual período.
¿Y cuáles son sus maniobras para ganar? Aquí los estudios revelan que un eventual adelanto de la fecha de la elección es un claro acto de ventajismo a favor de Maduro, lo que constituye y presume un elemento de fraude electoral que podría prepararse en las venideras elecciones presidenciales. Ya que al cambiar la fecha a su antojo de las elecciones es parte de esas maniobras del oficialismo para ganar elecciones, como lo demuestra el informe elaborado por Acceso a la Justicia, titulado Elecciones en autocracia. El caso venezolano 2017-2021. En dónde dicha investigación se advierte que el oficialismo ha utilizado esta estrategia para favorecer sus opciones.
Por una parte, es escandaloso el silencio hermético que guarda el CNE ante estos pronunciamientos de Maduro, lo que supone flagrantes intromisiones en sus competencias constitucionales y el mutismo del árbitro no hace más que reforzar las sobradas dudas que existen en un importante porcentaje de la población en relación con su independencia, autonomía y, sobre todo, su capacidad de organizar comicios limpios, transparentes y competitivos. Por lo tanto la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que siguió las pasadas regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021, en su informe criticó la actuación del árbitro a la hora de ponerle un límite a los abusos del oficialismo durante la campaña y la propia jornada de votación.
Asimismo, instó a las autoridades a reforzar la independencia del organismo, en especial en materia sancionadora.
Como ya hemos informado, el hecho de que Maduro se entrometa y pase por encima de las competencias del CNE y que este sea incapaz de ponerlo en su lugar no hace más que reforzar las dudas que hay entre los ciudadanos comunes sobre la transparencia, confiabilidad y equidad de dicho sistema electoral. Ya que la eventual materialización de esta propuesta no solo pondría el broche de oro a un sexenio que comenzó viciado y no siendo reconocido por cincuenta países del mundo, debido a los vicios que salpicaron las últimas presidenciales; sino que además dejarían en claro que las autoridades no han aprendido la lección ni tienen intenciones verdaderas de rectificar sobre los fallos que se presentan en los comicios y que tanto afectan.
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